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"La prórroga de los PGE 2018 no es excusa para congelar salarios" PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 15 de Noviembre de 2017 12:23

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La Federación de Empleadas y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de  UGT y el Área Pública de CCOO han acordado iniciar una campaña conjunta de movilizaciones bajo el lema “Ahora: salarios, empleo público y derechos”. El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, y el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández han ofrecido este martes una rueda de prensa para explicar los motivos de estas acciones encaminadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos.

Ambas organizaciones se van a dirigir al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que abra un espacio de negociación en el ámbito de la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los Presupuestos para 2018, haya prórroga o nuevos presupuestos.

Julio Lacuerda ha insistido en existen precedentes de ejercicios en los que se han incorporado cuestiones laborales de los empleados públicos independientemente de que se hubiera o no aprobado los PGE. "La excusa de que en este país no se pueden hacer dos cosas a la vez no sirve. Sin presupuestos también podría haber subidas salariles si el Gobierno quisiera".

Lacuerda ha adelantado que habrá movilizaciones el 24 de noviembre y el 14 de diciembre y a partir de enero serán sostenida para protestar contra la actitud "engañosa y falaz del Gobierno".

CCOO-FSC y FeSP-UGT han presentado un manifiesto conjunto explicando en detalle los motivos de esta campaña:

"El empleo público y las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos no han sido ajenos a las políticas de recortes. Desde 2010 con el Gobierno de Zapatero, y muy especialmente desde la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno del PP, además de las leyes de presupuestos año tras año, se han perdido cerca de 350.000 puestos de trabajo, se han recortado y posteriormente congelado salarios y se han eliminados derechos conquistados en materias tan sensibles como jornadas, conciliación, igualdad, salud laboral, formación o acción social, entre otras, vulnerando reiteradamente el derecho efectivo a la negociación colectiva reconocido así en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia  Constitución.

Durante todo este largo período no ha habido espacios que hayan permitido, a través del diálogo social y la negociación colectiva, iniciar una etapa de recuperación de derechos en el marco de la Mesa general de negociación de  las Administraciones Públicas, hasta el Acuerdo para para la Mejora del Empleo Público suscrito el 29 de marzo de 2017. Acuerdo que está siendo lento y desigual en su desarrollo, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas y mesas sectoriales, y muy especialmente en la Administración Local.

No obstante, y partiendo de la base que se trata de un acuerdo de gran importancia que desde las organizaciones sindicales CCOO y UGT ponemos en valor, es nuestra pretensión ampliarlo y mejorarlo, ya que el empleo es y ha sido uno de los objetivos prioritarios en nuestras reivindicaciones.

Dicho lo anterior, las organizaciones sindicales firmantes reclamamos al Gobierno que abra un espacio de negociación en el ámbito de la la Mesa general de negociación de  las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los Presupuestos para el 2018, haya prórroga o nuevos presupuestos.

 
Negociación IV Convenio Único del personal laboral de la AGE PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 13 de Noviembre de 2017 16:07

Tras la presión ejercida por las movilizaciones que UGT y CCOO estamos realizando desde Junio, ayer conseguimos sentar a la Administración para reanudar las negociaciones del IV CU AGE.

Después de 7 meses nos convoca para contestar a la propuesta conjunta de clasificación que presentamos UGT y CCOO. (CSIF parece ser que envió una propuesta a la administración que mantiene los actuales 5 grupos y sólo plantea la funcionarización de los administrativos. Es decir, sigue remando a la contra).

La Administración plantea, más que una nueva clasificación como proponíamos ajustada al EBEP, una Adecuación a las nuevas titulaciones del sistema educativo y para ello pone en la mesa la cantidad de 3 millones de € , a todas luces insuficiente para abordar este tema.

Desde UGT exigimos que la administración nos entregue su propuesta por escrito.
La Administración se compromete a ello y convoca el GT de Clasificación para el próximo día 20.

En consecuencia, hoy más que nunca es necesario continuar con la estrategia movilización- negociación.

 
UGT alerta de los riesgos del gas Radón para la salud de los trabajadores y trabajadoras PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 07 de Noviembre de 2017 16:07
UGT | martes, 7 de noviembre de 2017
  • ​1.500 muertes al año en España por la exposición a este gas cancerígeno, según el proyecto UE RadPard
  • UGT exige al Gobierno que transponga la directiva europea que adecua los niveles máximos indicados para el medio laboral y apruebe un Plan Nacional de Radón
  • El sindicato promoverá la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para estudiar los riesgos para los trabajadores que tienen la exposición a este gas y la implementación de las medidas preventivas

Con motivo del 7 de noviembre, Día Europeo del Radón, la Unión General de Trabajadores llama a sensibilizar tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos del problema de salud pública que supone la inhalación de este gas radiactivo de origen natural, catalogado como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

El Radón es un gas noble, incoloro, inodoro e insípido que se concentra fundamentalmente en zonas de alto contenido granítico, sobre todo en el subsuelo desde donde emana hacia los edificios por las grietas y fisuras. La exposición principalmente se produce en los hogares, pero también en los centros de trabajo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda causa de cáncer de pulmón detrás del consumo de tabaco es el Radón. Se estima que en España cada año son atribuibles más 1.500 muertes a la exposición de este gas, según el proyecto UE RADPARD.

La Unión Europea ha reconocido que la exposición constante al radón supone un riesgo para la salud y tras años de alertas obligará a los gobiernos, entre ellos el español, a tomar medidas al respecto. El próximo 6 de febrero de 2018 finalizará el plazo para trasponer la Directiva 2013/59/EURATOM. La Secretaría de Estado de Energía ha iniciado recientemente los trámites para su trasposición, por lo que es previsible que España agote dicho plazo.

En este sentido, UGT considera imprescindible trasponer la mencionada Directiva a la legislación española, que hubiera sido deseable que se hubiera realizado antes del plazo marcado, con el fin de adecuar los niveles máximos indicados para el medio laboral y aprobar un Plan Nacional de Radón que establezca, entre otras cosas, la medición de este gas en los puestos de trabajo, al efecto de evaluar la exposición y poder adoptar las medidas preventivas necesarias.

Además, para UGT resulta fundamental llevar a cabo, en el entorno laboral, una labor de información sobre los riesgos que conlleva la exposición, así como formación adecuada de los trabajadores y trabajadoras, con el fin de que ayuden a identificar el riesgo y eliminar sus efectos. Del mismo modo, se debe hacer una campaña de sensibilización en las empresas. Los empresarios deben conocer sus efectos de cara a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras a su cargo.

El artículo 62 del Real decreto 783/2001, de 6 de julio, obliga a las empresas que realizan actividades con exposición a este gas a su inscripción en el Registro de actividades con exposición a la radiación natural. A fecha de febrero de este año, últimos datos de que disponemos, sólo existían 52 empresas inscritas. Esta subdeclaración permite eludir la acción inspectora de la Administración desprotegiendo a los trabajadores frente a este riesgo. Otras de las carencias detectadas es que en las empresas en la que existe exposición a este gas no se ha realizado la medición.

Por ello, la Unión General de Trabajadores promoverá la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo cuya finalidad sea el estudio de los riesgos para la salud de los trabajadores que tiene la exposición a este gas, la implementación de las medidas preventivas necesarias para preservar su seguridad y salud, así como el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que contempla la Directiva 2013/59/EURATOM.

 
El sistema de pensiones, una lucha de todos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 07 de Noviembre de 2017 16:22
Agencia EFE | martes, 7 de noviembre de 2017

​A principios del mes de octubre me sentí profundamente orgulloso de ser el Secretario General de UGT gracias a los pensionistas. Hace meses les propusimos una dura tarea, marchar por las pensiones.

Centenares de pensionistas marcharon desde distintos puntos del país con etapas kilométricas que culminaban en pueblos y ciudades con asambleas informativas. Unas asambleas que debían servir para concienciar a la población de que tenemos un problema y que, juntos, conseguiremos solucionarlo. Con esta campaña la UGT, junto con CCOO, pasaba a la ofensiva movilizándose por un problema de todos.

Miles de pensionistas, y también futuros pensionistas, siguen reclamando que las pensiones tienen que subir de acuerdo al coste de la vida y no el mísero 0,25% impuesto por el Gobierno. Una imposición, por cierto, que han vuelto a ratificar ante la Unión Europea para el 2018.

Esta misma semana el FMI (Fondo Monetario Internacional), asegura que los jubilados que se retiren este año 2017 perderán el 30% de su poder adquisitivo a lo largo del periodo que dure la prestación.

Será el primer año en que los jubilados comiencen a perder ese poder adquisitivo desde la introducción del IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) en 2014. Y hace apenas unos días, el mismo organismo afirmaba que las pensiones en España corrían el riesgo de convertirse en pensiones de miseria. ¿Es eso aceptable en un país que quiere parecer serio?.

Para el Gobierno del PP, es más importante gastarse dos mil millones de euros para el rescate de autopistas que no garantizar el futuro de sus pensionistas. Cabe recordar que no hablamos solo de los pensionistas actuales, sino de los futuros. El próximo año 2018 empieza a actuar el factor de sostenibilidad, donde los pensionistas que hoy sostienen el sistema, cuando se jubilen, cobrarán sólo el 60% de su último salario. Un factor también impuesto por el PP en su última reforma.

Y también pedimos dignidad para unas personas que han trabajado y cotizado durante más de 40 años y que han perdido el trabajo y se ven obligados a jubilarse perdiendo un 40% de su pensión a causa de la crisis; pedimos dignidad para aquellos mayores de 55 años que después de otros tantos años cotizados, la crisis les ha llevado a una situación límite; reclamamos lo justo para todas aquellas mujeres que viven la desigualdad en la pensión y, especialmente, para las viudas y sus hijos. ¡Pedimos dignidad!.

Estamos hartos de escuchar que cuesta mucho dinero mantener las pensiones, que el gasto es muy elevado. Y estamos cansados porque es mentira. En España gastamos en torno al 10,4% del PIB en pensiones.

En cambio, en países cercanos y con los que a veces nuestros gobernantes intentan compararnos, el gasto es mayor. Alemania por ejemplo tiene un gasto de más del 14%, Italia cerca del 15 y Francia, incluso, gasta más del 16%: ¿de verdad no podemos gastar más?.

España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. Aumentar los ingresos quiere decir, por ejemplo, subir los salarios y dejar de ver cómo siguen existiendo trabajadores y trabajadoras que a estas alturas tiene un salario inferior a los mil euros.

Creo que a día de hoy el Gobierno sabe perfectamente cuáles son las posibles soluciones para reducir el déficit de la Seguridad Social. Los sindicatos llevamos meses diciéndole qué debe hacer y cómo, pero siguen sin hacernos caso.

Hay costes que se cargan a la Seguridad Social y a las pensiones que no tienen sentido. No podemos permitir que se sigan regalando bonificaciones a los empresarios por contratar, cuando todos sabemos que no por esa razón contratan más, o que se paguen los gastos corrientes de la Seguridad Social con cargo a las pensiones.

Hay que trasladar impuestos a las pensiones, así como analizar la repercusión sobre el sistema de pensiones y el bienestar en general que puede tener la robótica y la digitalización. Debemos encontrar la manera de compensar las arcas de la Seguridad Social y los impuestos en consecuencia de las nuevas tecnologías. Y debemos acabar con el tope a las pensiones. No podemos mantenerlo en los 40.000 euros cuando países como Francia lo mantiene por encima de los 100.000.

Tenemos alternativas y propuestas, y hay que explicarlas tan bien como lo han hecho nuestros pensionistas durante estos días. Es necesario crear un gran movimiento de todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a luchar para conseguir mejorar nuestro sistema de pensiones. Nadie puede entender, hoy en día, el afán de privatizar y premiar los sistemas de pensiones que mantiene el Gobierno. No hay ningún país en el mundo que tenga un sistema privado de pensiones de carácter general que, finalmente, no haya fracasado.

Si Francia, Alemania o Italia mantienen un sistema público solvente, ¿por qué no puede España? Se trata de una cuestión de dignidad. El Gobierno tiene en sus manos respetar a sus mayores, aquellos que durante años han luchado para el buen camino del país, que han alimentado a familias y que han ayudado a levantar la sociedad cuando peor lo ha pasado. Un país que no cuida de sus mayores, no es un país digno.

 
UGT reitera la necesidad de actualizar e igualar las indemnizaciones por razón de servicio PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 03 de Noviembre de 2017 17:51

a FeSP-UGT se ha vuelto a dirigir a la Secretaría de Estado de Función Pública reiterando nuestra exigencia de actualizar e igualar las indemnizaciones por razón de servicio, debido a la manifiesta discriminación que supone el hecho de diferenciar tanto el alojamiento como la manutención del empleado público según su grupo y a la necesidad de adecuar las cuantías al momento actual, a la realidad económica de los precios tanto del alojamiento como de la manutención. Es, sin duda, un atentado contra la igualdad.

ESCRITO REITERACIÓN COMISIONES SERVICIO

 
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